La impunidad en la función pública

Por Héctor Farina (*)

El golpe dado a la denominada “mafia del maletín”, un grupo que tenía montado un esquema de corrupción para recaudar ilegalmente fondos para “la corona” desde Puertos, deja al descubierto un hecho que siempre fue vox populi: dentro del Estado existen estructuras de corrupción empotradas que funcionan como verdaderos poderes paralelos. Siempre se supo que había cosas raras, que había esquemas para recolectar fondos para los jerarcas de turno, para financiar campañas políticas y producir nuevos millonarios de la noche a la mañana. Pero nunca se habían puesto en evidencia los pormenores de un engranaje perverso que infecta desde hace años tanto a lo público como a lo privado, como ocurrió ahora tras la intervención de la Fiscalía.

El cáncer moderno, como algunos llaman a la corrupción, lleva décadas haciendo metástasis y carcomiendo las riquezas y oportunidades de todo un país. Se ha convertido en una parte casi omnipresente en la función pública, al amparo de un manto de impunidad que es el verdadero responsable de que los esquemas de ilegalidad se hayan mantenido campantes durante tantos años.

La impunidad actúa como escudo e incentivo para que los corruptos, los inescrupulosos y facinerosos cometan delitos en el ejercicio de la función pública, pues el máximo castigo al que generalmente se llegaba, en el caso de ser descubiertos, era a la remoción de sus cargos, sin siquiera ser señalados por el dedo acusador de la ciudadanía. Todo se resolvía con un sumario interno, en un proceso interminable y absurdo como el de la novela de Kafka, en donde como máximo se cambiaba al acusado de lugar. No había castigo verdadero, pues se mantenía siempre el poder de la rosca, de manera que los sinvergüenzas vivían en permanente reciclaje, engordando a costa del Estado y esperando nuevos aires para poder dar mejores golpes.

Los ejemplos de este modelo grosero de impunidad podían verse en muchas dependencias públicas, como en el Ministerio de Industria y Comercio, en donde los fiscalizadores involucrados en actos de corrupción se paseaban orondamente por las instalaciones de la entidad, sin más sanción que la de no poder salir a la calle a seguir con las mismas prácticas corruptas. Recuerdo el caso del director de una dependencia, removido de su cargo por un escándalo de corrupción, cuyo castigo consistía simplemente en haberse quedado “sin oficina”, de manera tal que su sanción equivalía a seguir cobrando su salario sin tener un trabajo específico. Parecían historias dignas del absurdo literario aquellas en las que los funcionarios corruptos e inservibles eran enviados al “freezer”, es decir a una dependencia del mismo Ministerio, en donde les daban un horario vespertino y no tenían que hacer nada, aunque seguirían cobrando un sueldo pagado por los todos los ciudadanos.

Para enfrentar como corresponde a la corrupción se debe sancionar todo acto deshonesto, de manera tal a dejar en claro que ya no habrá impunidad y que todo funcionario público debe ser responsable de sus actos. Ya no se puede tolerar que politiqueros vacíen y dejen en la ruina las empresas del Estado, para luego ser catapultados a puestos de mayor importancia, con salarios jugosos y al amparo de la impunidad del poder.

Uno de los desafíos más grandes del gobierno de Lugo es recuperar la confianza en las instituciones y acabar con los esquemas de corrupción que han empobrecido a la población. Y para ello se debe acabar con la impunidad en el manejo de los bienes públicos y recuperar a la Justicia como una instancia creíble y efectiva. El reciente golpe a la mafia del maletín es una buena muestra de que en el país existen muchos recursos, aunque son desviados hacia el bolsillo de los ladrones y no encausados hacia las enormes carencias de la educación y la salud.

El inicio de la tarea de limpiar la casa es alentador, pero ahora se deberá barrer con sistemas menos evidentes que buscarán esconderse para seguir operando. En todo caso, la respuesta concreta debe ser el fin de la impunidad y la sanción ejemplar de todos los responsables de robar el dinero, las esperanzas y las oportunidades de un país.

(*) Periodista
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