Por Héctor Farina (*)
El bajo nivel educativo que muestran los niños paraguayos representa el fracaso de los sistemas de gobierno que durante años administraron al país sin valorar a la educación en su justa medida. Que los alumnos de primaria tengan un bajo rendimiento en cuestiones básicas, como lectura, matemáticas y ciencias, no debería sorprender si consideramos que la inversión que se destina a la educación es totalmente insuficiente, que hay un difícil acceso a las escuelas en el interior del país y que la pobreza sigue marcando un alto nivel de deserción en los primeros años de estudio. La falta de políticas que faciliten el acceso de los niños al sistema educativo, que incentiven el hábito de la lectura y que acerquen la tecnología a las escuelas, no puede tener otro resultado que la mala calidad en la enseñanza y el aprendizaje.
El último informe de la UNESCO -titulado “Una mirada al interior de las escuelas primarias”- señala que Paraguay invierte apenas 700 dólares al año por cada alumno en la educación básica, mientras que Chile invierte 2.120 dólares por alumno; Argentina 1.650 dólares; y Brasil 1.159 dólares por cada alumno. Esto indica que, sólo observando los datos de los países de la región, la inversión por cada estudiante paraguayo de primaria es apenas la tercera parte de lo que se invierte en la educación primaria de un chileno, en tanto es menos de la mitad de lo que se invierte en un alumno argentino. Si tomamos en cuenta que Chile invierte en educación el 6,4% de su Producto Interno Bruto (PIB), mientras que Paraguay ronda el 3% de su PIB, veremos con mayor claridad los resultados en cuanto a la calidad educativa.
La escasa inversión del país, arrastrada desde que se fue Stroessner dejando menos del 1% del PIB destinado a la educación, hoy se refleja en la falta de infraestructura necesaria para educar como corresponde: no hay suficientes escuelas ni bibliotecas, el acceso a los libros es limitado y apenas 6 de cada 100 niños tienen acceso a una computadora en su escuela. Además de sortear los problemas propios de un país con un elevado índice de pobreza, los alumnos paraguayos todavía deben enfrentarse a las carencias de un sistema educativo que se quedó en el tiempo.
La mala educación tiene como resultado el atraso y la pobreza. Pero esa pobreza no puede ser invocada por el Gobierno como una excusa para no destinar a la educación los recursos que se merece, pues en la medida en que sigamos postergando las urgencias de la tarea educativa, más atrasados quedaremos frente a un mundo globalizado en el que el conocimiento es el capital más importante. El nuevo gobierno debe establecer una política clara y agresiva para mejorar la calidad educativa. Y el primer paso que se requiere es el de, por lo menos, duplicar la inversión en educación, para empezar a sanear años de ignorancia y olvido. Esa será una señal clara de que realmente se quiere mejorar al país.
Para salir del atraso necesitamos mejorar la calidad educativa, construyendo escuelas en el interior del país, abriendo bibliotecas y promoviendo el acceso a las computadoras e Internet. Los niños del Paraguay deben recibir una formación de primer nivel, porque son la base de todo el sistema educativo, de donde saldrán los profesionales que trabajarán por el país. Las escuelas deben ser centro de promoción de la lectura y de incentivo para que los alumnos se superen. Y para ello hay que tener infraestructura y docentes capacitados, que perciban un salario digno por su trabajo.
Si el nuevo gobierno no toma medidas contundentes y no ataca los males de raíz, no podremos esperar otra cosa que más pobreza y atraso. Los paraguayos tenemos que ponerle punto final a los discursos, las promesas y los diagnósticos repetidos, y exigir acciones concretas para tener un país más preparado y competitivo.
(*) Periodista
www.vivaparaguay.com
domingo, 29 de junio de 2008
domingo, 22 de junio de 2008
De la capacitación al mercado laboral
Por Héctor Farina (*)
La vinculación entre la capacitación profesional y el mercado laboral es fundamental para cualquier país. Se trata de una relación que une a dos eslabones indispensables para el desarrollo: la educación y la capacitación de las personas, por un lado, y las necesidades de personal calificado que tienen los sectores empresariales para ser productivos y competitivos, por el otro. La economía paraguaya requiere de un crecimiento sostenido para generar empleos y aminorar la pobreza, pero curiosamente existe un divorcio o desencuentro entre el mercado laboral y las necesidades de empleo.
El sistema educativo paraguayo, además de arrastrar un bajo nivel, sigue sin tener un nexo claro con las necesidades del mercado laboral, de manera que la oferta y la demanda no se terminan de acomodar. En otras palabras, parece que se trata de compartimentos estancos, en donde cada uno se dedica a lo suyo sin entender que son eslabones de la misma cadena. Esto nos lleva a la cruel paradoja de que existen sectores industriales que necesitan contratar empleados, pero no encuentran gente capacitada, al mismo tiempo que mucha gente necesita trabajo pero no tiene la capacitación requerida para insertarse en los sectores donde existe demanda insatisfecha. O también el caso de personas con elevada preparación, que finalmente deben acomodarse en cualquier otro trabajo o emigrar, ante la falta de ofertas, los pésimos salarios y la falta de reconocimiento.
En los últimos años hemos visto numerosos ejemplos de esta cruel ruptura. Uno de los casos es el de la industria de la confección, que entró en crisis a principios de la década de los 90’ y perdió miles de puestos de empleo. Pero cuando hace algunos empezó a recuperarse tras años de recesión y tuvo la necesidad de contratar personal para hacer frente al crecimiento de las exportaciones, se encontró con el problema de la falta de especialistas y ello complicó la incorporación de mano de obra. Algo similar le pasó a los calzadistas, cuyas fábricas dejaron de trabajar en un 75% entre 1997 y 2005. Perdieron mucha mano de obra, que emigró a otros países o se dedicó a otra cosa, por lo que cuando se inició la recuperación, se tropezó con la escasez de gente preparada.
La falta de personal especializado también golpea a sectores como la industria metalúrgica, la industria química y la farmacéutica, que sufren cuando necesitan cubrir puestos estratégicos. Aunque en estos casos, en los últimos años se dieron pasos alentadores, como el apoyo que se dio a estudiantes de química para profesionalizarse en el exterior y luego retornar para atender el caso de las patentes de medicamentos. Además, se estrecharon las relaciones entre la universidad y las industrias químicas y farmacéuticas.
Otro ejemplo interesante es el de los ensambladores de motos, que, ante la obvia carencia de mano de obra especializada para una industria que hasta hace pocos años no existía en el país, empezaron un proceso de capacitación de los trabajadores, en su mayoría jóvenes que cursaban carreras técnicas o afines. De esta forma, se fue especializando a los trabajadores, dándole una forma concreta a la preparación técnica que habían ido adquiriendo en el sector educativo. No obstante, este es un caso aislado, pues la mayoría de las industrias no quieren correr con los costos de la formación del personal, ante la falta de incentivos y garantías.
El país necesita mecanismos concretos para hacer crecer la economía y generar más oportunidades laborales. El nuevo gobierno debería trabajar en el fomento de la capacitación y profesionalización de las personas, así como en establecer vínculos efectivos con las oportunidades laborales en el mercado. Deberían establecerse políticas educativas pensando en el desarrollo, así como establecer mecanismos de deducción de impuestos para las empresas que capaciten a sus trabajadores, para que vean la formación como una inversión y no como un gasto. Si las empresas tienen problemas para conseguir empleados en un país con grandes necesidades de empleo, es que la educación falla y que requerimos de una planificación más efectiva para ser más competitivos y ajustarnos a los requerimientos de un mundo globalizado.
(*) Periodista
La vinculación entre la capacitación profesional y el mercado laboral es fundamental para cualquier país. Se trata de una relación que une a dos eslabones indispensables para el desarrollo: la educación y la capacitación de las personas, por un lado, y las necesidades de personal calificado que tienen los sectores empresariales para ser productivos y competitivos, por el otro. La economía paraguaya requiere de un crecimiento sostenido para generar empleos y aminorar la pobreza, pero curiosamente existe un divorcio o desencuentro entre el mercado laboral y las necesidades de empleo.
El sistema educativo paraguayo, además de arrastrar un bajo nivel, sigue sin tener un nexo claro con las necesidades del mercado laboral, de manera que la oferta y la demanda no se terminan de acomodar. En otras palabras, parece que se trata de compartimentos estancos, en donde cada uno se dedica a lo suyo sin entender que son eslabones de la misma cadena. Esto nos lleva a la cruel paradoja de que existen sectores industriales que necesitan contratar empleados, pero no encuentran gente capacitada, al mismo tiempo que mucha gente necesita trabajo pero no tiene la capacitación requerida para insertarse en los sectores donde existe demanda insatisfecha. O también el caso de personas con elevada preparación, que finalmente deben acomodarse en cualquier otro trabajo o emigrar, ante la falta de ofertas, los pésimos salarios y la falta de reconocimiento.
En los últimos años hemos visto numerosos ejemplos de esta cruel ruptura. Uno de los casos es el de la industria de la confección, que entró en crisis a principios de la década de los 90’ y perdió miles de puestos de empleo. Pero cuando hace algunos empezó a recuperarse tras años de recesión y tuvo la necesidad de contratar personal para hacer frente al crecimiento de las exportaciones, se encontró con el problema de la falta de especialistas y ello complicó la incorporación de mano de obra. Algo similar le pasó a los calzadistas, cuyas fábricas dejaron de trabajar en un 75% entre 1997 y 2005. Perdieron mucha mano de obra, que emigró a otros países o se dedicó a otra cosa, por lo que cuando se inició la recuperación, se tropezó con la escasez de gente preparada.
La falta de personal especializado también golpea a sectores como la industria metalúrgica, la industria química y la farmacéutica, que sufren cuando necesitan cubrir puestos estratégicos. Aunque en estos casos, en los últimos años se dieron pasos alentadores, como el apoyo que se dio a estudiantes de química para profesionalizarse en el exterior y luego retornar para atender el caso de las patentes de medicamentos. Además, se estrecharon las relaciones entre la universidad y las industrias químicas y farmacéuticas.
Otro ejemplo interesante es el de los ensambladores de motos, que, ante la obvia carencia de mano de obra especializada para una industria que hasta hace pocos años no existía en el país, empezaron un proceso de capacitación de los trabajadores, en su mayoría jóvenes que cursaban carreras técnicas o afines. De esta forma, se fue especializando a los trabajadores, dándole una forma concreta a la preparación técnica que habían ido adquiriendo en el sector educativo. No obstante, este es un caso aislado, pues la mayoría de las industrias no quieren correr con los costos de la formación del personal, ante la falta de incentivos y garantías.
El país necesita mecanismos concretos para hacer crecer la economía y generar más oportunidades laborales. El nuevo gobierno debería trabajar en el fomento de la capacitación y profesionalización de las personas, así como en establecer vínculos efectivos con las oportunidades laborales en el mercado. Deberían establecerse políticas educativas pensando en el desarrollo, así como establecer mecanismos de deducción de impuestos para las empresas que capaciten a sus trabajadores, para que vean la formación como una inversión y no como un gasto. Si las empresas tienen problemas para conseguir empleados en un país con grandes necesidades de empleo, es que la educación falla y que requerimos de una planificación más efectiva para ser más competitivos y ajustarnos a los requerimientos de un mundo globalizado.
(*) Periodista
domingo, 15 de junio de 2008
La transición económica
Por Héctor Farina (*)
El inminente cambio de gobierno, que se concretará el próximo 15 de agosto, nos plantea la interrogante de cómo se realizará la transición de una administración a otra, en el sentido de establecer cuáles son los cambios que veremos y de qué manera se irá cambiando un modelo viejo para implementar uno nuevo. Y dentro de esta suerte de incertidumbre esperanzadora, la cuestión económica es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más le interesan a un país golpeado por la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.
En ese sentido, la designación del gabinete que acompañará al presidente electo Fernando Lugo nos proporciona ciertos indicios, pero también deja dudas en cuanto a lo económico. El nombramiento de Dionisio Borda como titular de Hacienda nos habla de que seguirán la misma fórmula de austeridad y búsqueda de mayores recaudaciones que probó el gobierno saliente, en tanto la designación de Milda Rivarola como ministra de Relaciones Exteriores abre la esperanza de una defensa férrea de los intereses nacionales y de una representación más firme y digna ante el mundo. En tanto, nos queda la duda sobre qué tipo de políticas se establecerán en otras instancias, como las obras públicas, la agricultura y la ganadería, que estarán encabezadas por políticos y no por técnicos.
Ahora bien, una transición fundamental para la economía es la que se dará en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), una institución que debe fomentar la radicación de inversiones, la generación de empleos y la competitividad de los sectores industriales. El empresario Martín Heisecke, titular designado para la cartera, se encontrará con un ente en donde proliferaron los proyectos y las iniciativas, pero se mantienen muchos sectores en crisis y los problemas no han sido superados. Se encontrará, por ejemplo, con que pese a las promesas y la iniciativa de un “Plan Nacional de Combustibles”, el sector de combustibles en el país es un caos, con una petrolera estatal que no puede ni siquiera garantizar el abastecimiento local y mantiene al país en la incertidumbre. Pese a los acuerdos y los planes, la amenaza de escasez de gasoil mantiene en jaque a los sectores productivos, en tanto la deuda de la petrolera se sigue inflando sin que hasta ahora sepamos cómo se revertirá la difícil situación financiera.
Otro problema arrastrado desde hace mucho tiempo y varias administraciones es el de la Industria Nacional del Cemento (INC), una empresa estatal que funciona como refugio de politiqueros y que no ha podido volverse competitiva pese a tener un mercado cautivo y de enorme potencial. Hoy en día la falta de planificación y seriedad se traducen en la escasez de cemento que frena al sector de la construcción y con ello impide la generación de empleos. La INC requiere de una reforma radical, que la transforme en una empresa productiva y competitiva, y que no solo sea un monumento al clientelismo político.
En el MIC se impone una revisión minuciosa de todos los proyectos que maneja, pues luego de tantas promesas e iniciativas, no puede ser que sectores como la industria de la confección y los calzadistas sigan soportando los mismos males, que los metalúrgicos se sigan quejando de lo mismo y que los microempresarios sigan esperando apoyo verdadero. No es tolerable que haya redes de inversiones, con funcionarios que tienen sueldos millonarios, mientras los paraguayos siguen esperando que se radiquen empresas que generen empleos, y los resultados no llegan.
La transición debe dejarnos en claro cómo harán crecer la economía, cómo atraerán inversiones y generarán empleos, cómo asegurarán el abastecimiento de combustibles y cómo volverán competitiva a la obsoleta INC. Es hora de establecer, de una vez por todas, una política industrial que fomente la competitividad de las empresas paraguayas y que se deje de poner parches que no sirven más que para agasajar efímeramente a los eternos dolientes. Me gustaría conocer los planes que tienen para desarrollar la industria y el comercio, para saber si tomaremos el camino de la competitividad o si seguiremos dependiendo de consultores que cobran millones para vender fórmulas que jamás funcionaron.
(*) Periodista
www.vivaparaguay.com
El inminente cambio de gobierno, que se concretará el próximo 15 de agosto, nos plantea la interrogante de cómo se realizará la transición de una administración a otra, en el sentido de establecer cuáles son los cambios que veremos y de qué manera se irá cambiando un modelo viejo para implementar uno nuevo. Y dentro de esta suerte de incertidumbre esperanzadora, la cuestión económica es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos que más le interesan a un país golpeado por la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades.
En ese sentido, la designación del gabinete que acompañará al presidente electo Fernando Lugo nos proporciona ciertos indicios, pero también deja dudas en cuanto a lo económico. El nombramiento de Dionisio Borda como titular de Hacienda nos habla de que seguirán la misma fórmula de austeridad y búsqueda de mayores recaudaciones que probó el gobierno saliente, en tanto la designación de Milda Rivarola como ministra de Relaciones Exteriores abre la esperanza de una defensa férrea de los intereses nacionales y de una representación más firme y digna ante el mundo. En tanto, nos queda la duda sobre qué tipo de políticas se establecerán en otras instancias, como las obras públicas, la agricultura y la ganadería, que estarán encabezadas por políticos y no por técnicos.
Ahora bien, una transición fundamental para la economía es la que se dará en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC), una institución que debe fomentar la radicación de inversiones, la generación de empleos y la competitividad de los sectores industriales. El empresario Martín Heisecke, titular designado para la cartera, se encontrará con un ente en donde proliferaron los proyectos y las iniciativas, pero se mantienen muchos sectores en crisis y los problemas no han sido superados. Se encontrará, por ejemplo, con que pese a las promesas y la iniciativa de un “Plan Nacional de Combustibles”, el sector de combustibles en el país es un caos, con una petrolera estatal que no puede ni siquiera garantizar el abastecimiento local y mantiene al país en la incertidumbre. Pese a los acuerdos y los planes, la amenaza de escasez de gasoil mantiene en jaque a los sectores productivos, en tanto la deuda de la petrolera se sigue inflando sin que hasta ahora sepamos cómo se revertirá la difícil situación financiera.
Otro problema arrastrado desde hace mucho tiempo y varias administraciones es el de la Industria Nacional del Cemento (INC), una empresa estatal que funciona como refugio de politiqueros y que no ha podido volverse competitiva pese a tener un mercado cautivo y de enorme potencial. Hoy en día la falta de planificación y seriedad se traducen en la escasez de cemento que frena al sector de la construcción y con ello impide la generación de empleos. La INC requiere de una reforma radical, que la transforme en una empresa productiva y competitiva, y que no solo sea un monumento al clientelismo político.
En el MIC se impone una revisión minuciosa de todos los proyectos que maneja, pues luego de tantas promesas e iniciativas, no puede ser que sectores como la industria de la confección y los calzadistas sigan soportando los mismos males, que los metalúrgicos se sigan quejando de lo mismo y que los microempresarios sigan esperando apoyo verdadero. No es tolerable que haya redes de inversiones, con funcionarios que tienen sueldos millonarios, mientras los paraguayos siguen esperando que se radiquen empresas que generen empleos, y los resultados no llegan.
La transición debe dejarnos en claro cómo harán crecer la economía, cómo atraerán inversiones y generarán empleos, cómo asegurarán el abastecimiento de combustibles y cómo volverán competitiva a la obsoleta INC. Es hora de establecer, de una vez por todas, una política industrial que fomente la competitividad de las empresas paraguayas y que se deje de poner parches que no sirven más que para agasajar efímeramente a los eternos dolientes. Me gustaría conocer los planes que tienen para desarrollar la industria y el comercio, para saber si tomaremos el camino de la competitividad o si seguiremos dependiendo de consultores que cobran millones para vender fórmulas que jamás funcionaron.
(*) Periodista
www.vivaparaguay.com
domingo, 8 de junio de 2008
Iniciativas contra la inseguridad
Por Héctor Farina (*)
La epidemia de inseguridad que afecta al país, que brota y se expande causando dolor a su paso, necesita de medicamentos eficientes que vayan más allá de una simple curita o de alguna pastilla para evadirnos del sufrimiento una vez que nos llega. La falta de seguridad golpea en las calles, el transporte público y hasta en las casas. Hay temor, hay asaltos, amenazas y peligros. Todos los días hay víctimas de los “peajeros”, “caballos locos”, “pirañitas” y delincuentes de cualquier tipo, mientras las fuerzas de seguridad se ven sobrepasadas o burladas.
La inseguridad existente, sobre todo la que se manifiesta en el área metropolitana de Asunción, tiene un claro tinte de marginalidad. Se trata de asaltos en la vía pública, de robos menores y delitos contra la ciudadanía que tienen un denominador peligrosamente común: el aumento de la violencia con la que actúan los delincuentes. Es una forma de inseguridad que golpea en cualquier parte, afectando a cualquiera, como un enemigo fantasmal que nos acecha. Pero no es una violencia estructural, como la que se tenía con el terrorismo de Estado o como la que soportan países como Colombia y México, sumidos hoy en una batalla contra el crimen organizado.
En el caso del Paraguay se deben establecer claramente medidas para frenar la incipiente inseguridad y garantizar la vida y los derechos de las personas. Pero no debe tratarse sólo de medidas represivas o de parches momentáneos, sino de una política estructural definida y aplicable. Y una solución de fondo pasa inevitablemente por la disminución de la pobreza y la marginalidad, lo que se logrará haciendo crecer la economía, generando puestos de trabajo, creando oportunidades y estableciendo mecanismos para que las posibilidades de progreso estén al alcance de la gente. Se requieren sistemas más inclusivos de educación, de manera tal que más personas tengan acceso a la capacitación y puedan tener una vinculación más estrecha con las oportunidades del mercado laboral. De nada sirve seguir con el discurso populista de decir que si se abren más industrias, habrá menos jóvenes marginales en las calles, porque para que una industria funcione y sea competitiva necesita gente preparada. Y en ese eslabón hasta ahora no hemos avanzado.
Pero además de buscar disminuir la pobreza y la marginalidad, es hora de aplicar algunas normas básicas que nos garanticen una mejor convivencia y ayuden a limitar los riesgos. Por ejemplo, no debe permitirse bajo ningún pretexto que los ómnibus del transporte público circulen con las puertas abiertas, pues esto es como dejar a los pasajeros a merced de los golpes de mano de los ladrones, que luego tienen la vía libre para escapar con el botín. Igualmente, debemos entender que los ómnibus son un medio de transporte y no un centro de compras, por lo que no se debería permitir la venta ambulante en los camiones, sino ubicar a los vendedores en otros lugares, como casillas o kioscos, de manera que quien quiera comprar que lo haga donde corresponde. Esto limitaría la posibilidad de que proliferen con tanta facilidad los ladrones que se hacen pasar por vendedores.
Y en el caso de las fuerzas de seguridad, sin lugar a dudas se impone una reestructuración total que nos garantice tener una policía especializada, organizada y preparada, y no una creada como brazo político represor de un régimen totalitario. Las fuerzas de seguridad deben apuntar a la capacitación profesional, al combate a la corrupción interna y a un cuidadoso proceso de selección de sus miembros, de manera que se conviertan en instituciones creíbles y eficaces, como los Carabineros de Chile. Una policía que se respete debe tener equipos de primer nivel, patrullas en buen estado y helicópteros, así como gente preparada para cumplir con honestidad su misión.
El tema de la inseguridad es una cuestión que debe llamar a todos los ciudadanos a exigir políticas más efectivas del gobierno, que se establezcan sanciones verdaderas a los delincuentes y que no haya ningún tipo de impunidad. Necesitamos calles mejor iluminadas, puestos de control en puntos estratégicos y, sobre todo, sistemas de protección que nos garanticen mayor seguridad para todos. Todavía estamos a tiempo de evitar que la inseguridad cotidiana se convierta en un mal estructural.
(*) Periodista
http://www.vivaparaguay.com/
La epidemia de inseguridad que afecta al país, que brota y se expande causando dolor a su paso, necesita de medicamentos eficientes que vayan más allá de una simple curita o de alguna pastilla para evadirnos del sufrimiento una vez que nos llega. La falta de seguridad golpea en las calles, el transporte público y hasta en las casas. Hay temor, hay asaltos, amenazas y peligros. Todos los días hay víctimas de los “peajeros”, “caballos locos”, “pirañitas” y delincuentes de cualquier tipo, mientras las fuerzas de seguridad se ven sobrepasadas o burladas.
La inseguridad existente, sobre todo la que se manifiesta en el área metropolitana de Asunción, tiene un claro tinte de marginalidad. Se trata de asaltos en la vía pública, de robos menores y delitos contra la ciudadanía que tienen un denominador peligrosamente común: el aumento de la violencia con la que actúan los delincuentes. Es una forma de inseguridad que golpea en cualquier parte, afectando a cualquiera, como un enemigo fantasmal que nos acecha. Pero no es una violencia estructural, como la que se tenía con el terrorismo de Estado o como la que soportan países como Colombia y México, sumidos hoy en una batalla contra el crimen organizado.
En el caso del Paraguay se deben establecer claramente medidas para frenar la incipiente inseguridad y garantizar la vida y los derechos de las personas. Pero no debe tratarse sólo de medidas represivas o de parches momentáneos, sino de una política estructural definida y aplicable. Y una solución de fondo pasa inevitablemente por la disminución de la pobreza y la marginalidad, lo que se logrará haciendo crecer la economía, generando puestos de trabajo, creando oportunidades y estableciendo mecanismos para que las posibilidades de progreso estén al alcance de la gente. Se requieren sistemas más inclusivos de educación, de manera tal que más personas tengan acceso a la capacitación y puedan tener una vinculación más estrecha con las oportunidades del mercado laboral. De nada sirve seguir con el discurso populista de decir que si se abren más industrias, habrá menos jóvenes marginales en las calles, porque para que una industria funcione y sea competitiva necesita gente preparada. Y en ese eslabón hasta ahora no hemos avanzado.
Pero además de buscar disminuir la pobreza y la marginalidad, es hora de aplicar algunas normas básicas que nos garanticen una mejor convivencia y ayuden a limitar los riesgos. Por ejemplo, no debe permitirse bajo ningún pretexto que los ómnibus del transporte público circulen con las puertas abiertas, pues esto es como dejar a los pasajeros a merced de los golpes de mano de los ladrones, que luego tienen la vía libre para escapar con el botín. Igualmente, debemos entender que los ómnibus son un medio de transporte y no un centro de compras, por lo que no se debería permitir la venta ambulante en los camiones, sino ubicar a los vendedores en otros lugares, como casillas o kioscos, de manera que quien quiera comprar que lo haga donde corresponde. Esto limitaría la posibilidad de que proliferen con tanta facilidad los ladrones que se hacen pasar por vendedores.
Y en el caso de las fuerzas de seguridad, sin lugar a dudas se impone una reestructuración total que nos garantice tener una policía especializada, organizada y preparada, y no una creada como brazo político represor de un régimen totalitario. Las fuerzas de seguridad deben apuntar a la capacitación profesional, al combate a la corrupción interna y a un cuidadoso proceso de selección de sus miembros, de manera que se conviertan en instituciones creíbles y eficaces, como los Carabineros de Chile. Una policía que se respete debe tener equipos de primer nivel, patrullas en buen estado y helicópteros, así como gente preparada para cumplir con honestidad su misión.
El tema de la inseguridad es una cuestión que debe llamar a todos los ciudadanos a exigir políticas más efectivas del gobierno, que se establezcan sanciones verdaderas a los delincuentes y que no haya ningún tipo de impunidad. Necesitamos calles mejor iluminadas, puestos de control en puntos estratégicos y, sobre todo, sistemas de protección que nos garanticen mayor seguridad para todos. Todavía estamos a tiempo de evitar que la inseguridad cotidiana se convierta en un mal estructural.
(*) Periodista
http://www.vivaparaguay.com/
domingo, 1 de junio de 2008
La inversión y el empleo
Por Héctor C. Farina (*)
La radicación de inversiones que promuevan la generación de empleos es una necesidad ya impostergable para el país, afectado por años de recesión, pobreza e injusticia. No cabe duda de que se necesita establecer una política que priorice el crecimiento sostenido de la economía, de manera tal que se puedan generar los empleos y las oportunidades que permitan atacar con fuerza a la pobreza y la marginación. Sin embargo, los intentos realizados por los distintos gobiernos colorados que se sucedieron no pudieron culminar en una efectiva estrategia que garantice el mencionado crecimiento.
¿Por qué no hay inversiones suficientes para generar los empleos que el país necesita? Esta es una de las eternas interrogantes que hasta ahora no han sabido responder concretamente las autoridades, más allá del discurso político y la expresión de deseo. Se habló mucho de mejorar el clima de negocios, de favorecer la radicación de empresas, de establecer lazos comerciales con países poderosos o exóticos, y de las mil bondades que tiene el país, pero como resultado se tiene que las inversiones que llegan son insuficientes. Lo que quizá nunca entendieron las autoridades es que se debe tener un plan económico serio e integral, con metas y estrategias específicas, y que no se puede supeditar la economía a los esfuerzos aislados de sectores que operan a la deriva, con cada quien tirando para su lado o remendando con parches situaciones que urgen soluciones estructurales.
Para atraer inversiones debemos tener un país serio y previsible, en donde exista seguridad jurídica y se garantice el respeto de la ley. No se conseguirán inversiones en un ambiente de inseguridad, en medio de violaciones a la propiedad privada, de invasiones, xenofobia y la indiferencia de las autoridades a la hora de hacer cumplir la ley. No habrá clima propicio para invertir y generar empleos si no se erradican las prácticas corruptas que desde hace años se han enquistado en la función pública, las mismas que son culpables de haber ahuyentado a empresas y desmotivado a emprendedores. No es tolerable que mientras unos se esfuerzan por presentar ante el mundo las oportunidades de negocios en el país, otros tiren a la basura el trabajo ajeno mediante un pedido de coima.
El gobierno que se apresta a asumir debe destinar recursos a la construcción de obras públicas que faciliten las comunicaciones y disminuyan el costo país, como por ejemplo el corredor bioceánico, que podría convertir al Paraguay en un punto de paso obligado de los productos que buscan una salida al Pacífico por medio de los puertos chilenos, como Antofagasta y Mejillones. Se requiere de una fuerte inversión en una infraestructura vial que facilite la salida de nuestros productos y disminuya el ya de por sí elevado costo de la mediterraneidad. Si se invierte en la construcción de rutas y en infraestructura, se generarán miles de empleos, al tiempo de facilitar el transporte y mejorar la competitividad de la producción nacional.
Generar empleos debe ser una política nacional. Y en ese sentido, la maquila y el ensamblaje de motos son dos ejemplos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar cómo incentivar inversiones: se crearon regímenes especiales, se bajaron los impuestos, se minimizó la burocracia y se facilitó la operación de las empresas. Hoy se trata de dos sectores en constante crecimiento y que van dando puestos de trabajo a la gente, aunque no alcanzan para satisfacer la demanda de empleo. Igualmente, debe pensarse más seriamente en ofrecer energía eléctrica a bajo costo a las industrias que decidan instalarse en el país, lo que podría hacerse utilizando los excedentes de Itaipú que le corresponden al Paraguay.
El reto del nuevo gobierno es establecer mecanismos que faciliten la radicación de inversiones y que generen puestos de trabajo para los paraguayos. Y esos mecanismos deben apuntar a reducir el costo país, mejorar la competitividad de la producción local, dar seguridad para las inversiones y asegurar el acceso a los mercados internacionales.
(*) Periodista
La radicación de inversiones que promuevan la generación de empleos es una necesidad ya impostergable para el país, afectado por años de recesión, pobreza e injusticia. No cabe duda de que se necesita establecer una política que priorice el crecimiento sostenido de la economía, de manera tal que se puedan generar los empleos y las oportunidades que permitan atacar con fuerza a la pobreza y la marginación. Sin embargo, los intentos realizados por los distintos gobiernos colorados que se sucedieron no pudieron culminar en una efectiva estrategia que garantice el mencionado crecimiento.
¿Por qué no hay inversiones suficientes para generar los empleos que el país necesita? Esta es una de las eternas interrogantes que hasta ahora no han sabido responder concretamente las autoridades, más allá del discurso político y la expresión de deseo. Se habló mucho de mejorar el clima de negocios, de favorecer la radicación de empresas, de establecer lazos comerciales con países poderosos o exóticos, y de las mil bondades que tiene el país, pero como resultado se tiene que las inversiones que llegan son insuficientes. Lo que quizá nunca entendieron las autoridades es que se debe tener un plan económico serio e integral, con metas y estrategias específicas, y que no se puede supeditar la economía a los esfuerzos aislados de sectores que operan a la deriva, con cada quien tirando para su lado o remendando con parches situaciones que urgen soluciones estructurales.
Para atraer inversiones debemos tener un país serio y previsible, en donde exista seguridad jurídica y se garantice el respeto de la ley. No se conseguirán inversiones en un ambiente de inseguridad, en medio de violaciones a la propiedad privada, de invasiones, xenofobia y la indiferencia de las autoridades a la hora de hacer cumplir la ley. No habrá clima propicio para invertir y generar empleos si no se erradican las prácticas corruptas que desde hace años se han enquistado en la función pública, las mismas que son culpables de haber ahuyentado a empresas y desmotivado a emprendedores. No es tolerable que mientras unos se esfuerzan por presentar ante el mundo las oportunidades de negocios en el país, otros tiren a la basura el trabajo ajeno mediante un pedido de coima.
El gobierno que se apresta a asumir debe destinar recursos a la construcción de obras públicas que faciliten las comunicaciones y disminuyan el costo país, como por ejemplo el corredor bioceánico, que podría convertir al Paraguay en un punto de paso obligado de los productos que buscan una salida al Pacífico por medio de los puertos chilenos, como Antofagasta y Mejillones. Se requiere de una fuerte inversión en una infraestructura vial que facilite la salida de nuestros productos y disminuya el ya de por sí elevado costo de la mediterraneidad. Si se invierte en la construcción de rutas y en infraestructura, se generarán miles de empleos, al tiempo de facilitar el transporte y mejorar la competitividad de la producción nacional.
Generar empleos debe ser una política nacional. Y en ese sentido, la maquila y el ensamblaje de motos son dos ejemplos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de pensar cómo incentivar inversiones: se crearon regímenes especiales, se bajaron los impuestos, se minimizó la burocracia y se facilitó la operación de las empresas. Hoy se trata de dos sectores en constante crecimiento y que van dando puestos de trabajo a la gente, aunque no alcanzan para satisfacer la demanda de empleo. Igualmente, debe pensarse más seriamente en ofrecer energía eléctrica a bajo costo a las industrias que decidan instalarse en el país, lo que podría hacerse utilizando los excedentes de Itaipú que le corresponden al Paraguay.
El reto del nuevo gobierno es establecer mecanismos que faciliten la radicación de inversiones y que generen puestos de trabajo para los paraguayos. Y esos mecanismos deben apuntar a reducir el costo país, mejorar la competitividad de la producción local, dar seguridad para las inversiones y asegurar el acceso a los mercados internacionales.
(*) Periodista
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