Soberanía violada: el drama de San Pedro

Por Héctor C. Farina (*)

El drama campesino en el departamento de San Pedro se encuentra en un momento candente, en medio de invasiones, amenazas, injusticias y pobreza. Todo esto en el marco de la transición de un gobierno que ya bajó los brazos y que sólo espera irse, a un gobierno que recién se está preparando para tomar el poder. Se trata de una de las regiones más pobres del Paraguay, en donde los ciudadanos son acosados por miles de precariedades. En ese sentido, un documental titulado Soberanía violada (2007), nos muestra el rostro de los campesinos que sufren por la expansión forzada de los cultivos de soja, por las presiones, la falta de apoyo y las enfermedades que resultan del uso de pesticidas.

El documental indica que el 80% de los cultivos está en manos de extranjeros -sobre todo brasileños- y que anualmente cerca de 100 mil personas son obligadas a abandonar el campo debido al avance del monocultivo de la soja. El problema radica en que el avance del cultivo de la soja se hace por medio de presiones a los campesinos, que son obligados a vender sus tierras debido a que sus cultivos familiares son destruidos por los pesticidas usados en forma abusiva, sin respetar ni las plantaciones ajenas ni la vida de las personas. Los agricultores paraguayos dicen que literalmente son “envenenados” con los tóxicos, que sus familias enferman debido a que cada día el aire está más contaminado y no se puede respirar; que existe una deforestación salvaje de parte de los sojeros, y que estos contaminan las aguas y afectan a sus producciones.

Estas denuncias muestran claramente la ausencia del Estado, la falta de respeto a la propiedad y la falta de vigencia de leyes básicas que protejan la salud de la gente y el derecho a vivir dignamente en su propio país. Se nota una pérdida de soberanía, pues vale más el poder de los tóxicos de los extranjeros que el derecho a la salud y la tierra de los paraguayos. Pero también está el otro rostro, del que más se habla: el de las invasiones campesinas, de las protestas y las manifestaciones. Se trata de una respuesta propia de los campesinos ante un problema no resuelto nunca por las autoridades. Y esa reacción de procurarse justicia por mano propia también rompe las leyes y pone en jaque al Gobierno, que debe buscar el equilibrio en un problema agudo y complejo.

Ahora bien, ¿cuándo hay que defender la propiedad privada? ¿Cuando son los campesinos paraguayos los que invaden terrenos ajenos exigiendo tierras para cultivar, o cuando son los colonos brasileños los que envenenan y destruyen cultivos ajenos para expandir su producción de soja? Curiosamente, hasta ahora la alusión al respeto a la propiedad privada se ha hecho sólo cuando los campesinos son los invasores, pero no se ha hecho cuando los campesinos son los invadidos. En un Estado de derecho como el que debería regir en el Paraguay, el respeto a la ley debe ser incuestionable, de manera que se respete la propiedad privada tanto de los grandes como de los pequeños productores. No se pueden hacer discriminaciones por el hecho de que uno tiene un cultivo familiar y el otro tiene un monocultivo intensivo de grandes proporciones. Debe quedar claro que no se ganará nada con violar la ley, pues eso es lo que se ha venido haciendo sistemáticamente desde hace años, teniendo como resultado una tremenda injusticia en la que prevalece el que tiene más poder.

El problema que enfrentará el gobierno de Lugo –quien conoce muy bien la situación en San Pedro- es complejo y requiere de soluciones efectivas que vayan más allá del concepto retórico y arcaico de reforma agraria. Se debe considerar que, pese a todo, la soja es un rubro rentable que genera ingresos importantes para la economía y que la solución no pasa por atacar a un rubro exitoso, sino por crear las condiciones para que los campesinos paraguayos puedan cultivar y tener productividad y competitividad. De nada servirá tolerar las invasiones ni regalar tierras si es que los campesinos no tienen apoyo, capacitación y tecnología para producir competitivamente.

El desafío de hoy ya no pasa sólo por tener la tierra –dicen que hay 800 mil hectáreas ociosas en manos de campesinos- sino por recuperar la soberanía y lograr que el campesino paraguayo pueda producir libremente y tener un producto competitivo que pueda vender y de esa manera tener rentabilidad en su tierra. El apoyo al campesino debe ser real y no populista: el gobierno debe impulsar una fuerte capacitación, la inversión en tecnología para hacer rentables y productivos los cultivos, la seguridad jurídica para las inversiones y el respeto de la propiedad. Se debe recuperar la soberanía y devolver al campesino paraguayo la capacidad de producir y vivir dignamente de su trabajo, de manera que no tenga que salir huyendo de su propia tierra ni invadiendo las ajenas para exigir sus derechos.

(*) Periodista
http://www.vivaparaguay.com/